Bruselas unifica criterios para aplicar las nuevas normas contra el greenwashing

La Comisión Europea ha respaldado un acuerdo con las autoridades nacionales de protección de los consumidores para unificar la aplicación de las nuevas normas comunitarias contra el ecopostureo o greenwashing.

El objetivo es que la entrada en vigor de la normativa se produzca de manera homogénea en toda la Unión Europea y tenga en cuenta las dificultades de adaptación que puedan afrontar las empresas.

El entendimiento se ha alcanzado en el marco de la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores y fija criterios comunes sobre cómo deberán actuar los organismos nacionales encargados de hacer cumplir la directiva.

Más control sobre las declaraciones medioambientales

La nueva normativa refuerza los requisitos para las declaraciones medioambientales y las etiquetas de sostenibilidad.

Su finalidad es evitar mensajes engañosos que puedan influir en las decisiones de compra de los consumidores y garantizar que las empresas comuniquen sus compromisos ambientales con mayor rigor.

Con este marco común, Bruselas busca reducir las diferencias de aplicación entre países y ofrecer una respuesta coordinada frente a prácticas comerciales que puedan inducir a error sobre el impacto ambiental de productos o servicios.

Adaptación empresarial y enfoque preventivo

El acuerdo contempla que las autoridades nacionales valoren las dificultades reales que puedan surgir durante el periodo de transición.

Entre los elementos a tener en cuenta figuran el volumen de productos ya fabricados, su vida útil o las limitaciones técnicas para adaptarlos a la nueva normativa.

El objetivo es evitar costes innecesarios para las empresas cuando existan obstáculos justificados para aplicar los cambios de forma inmediata.

Además, el documento establece que, cuando estas dificultades estén debidamente acreditadas, las autoridades priorizarán actuaciones preventivas, como orientaciones o aclaraciones a las compañías afectadas, antes de recurrir a medidas sancionadoras.

Aplicación desde septiembre

La directiva debía ser incorporada por los Estados miembros a sus respectivos ordenamientos jurídicos antes del 27 de marzo de 2026.

Su aplicación comenzará el próximo 27 de septiembre, momento a partir del cual las empresas deberán ajustarse a los nuevos requisitos sobre comunicaciones medioambientales y etiquetas de sostenibilidad.

Con este acuerdo, la Comisión Europea busca garantizar una transición ordenada hacia una regulación más exigente, reforzando la protección del consumidor sin generar cargas desproporcionadas para las compañías.