Las consecuencias de no tener presupuestos son por un lado políticas y por otro económicas. Entre las primeras, es un golpe serio a la credibilidad de un gobierno que vive con mayorías exiguas y que no ha sido capaz de negociar la que es, sin duda, la norma más importante que iba a tramitarse en los próximos meses.

Si centramos el análisis en las consecuencias económicas muchos de los proyectos anunciados no contarán con el respaldo de un presupuesto suficiente para llevarse a cabo, destacan, sin duda alguna, todas las obras de infraestructuras anunciadas que no contarán con fondos, igualmente las inversiones en ferrocarril o en carreteras se tornarán mucho más complicadas dado que no están soportadas por partidas presupuestarias.

Uno de los proyectos más publicitados por el gobierno, la inversión en vivienda social se deberá retrasar, muy previsiblemente, al menos hasta los presupuestos de 2025. En general, cualquier inversión en nuevos proyectos se verá afectada.

Complejo será convertir en permanente el impuesto a la banca puesto que esto no está contemplado en los presupuestos prorrogados, y también cambiar el impuesto energético para “modularlo” tal y como prometió el gobierno ante la caída de la inversión en el sector y las no tan veladas amenazas de algunas empresas españolas de priorizar sus inversiones en el extranjero.

Otras partidas se verán afectadas, o quedarán directamente sin asignación presupuestaria como el Plan ELA, igualmente las mejoras anunciadas en dependencia, becas, etc. serán muy complicadas de acometer.

Los empleados públicos que ya habían conseguido un acuerdo previamente para una subida del 2% que, en principio, no se verá afectada porque el gobierno ya había incluido una enmienda al respecto en la Ley de Medias Anticrisis.

Hay dudas sobre cuál será el efecto de la prórroga sobre la llegada de los Fondos Next Generation, que ya presentan retrasos notables y a los que difícilmente contribuirá de manera positiva la inexistencia de presupuestos.

Como Bruselas ya ha anunciado la aplicación más estricta de la Normas Fiscales, esto implicará que los presupuestos de 2025 deberán recoger más recortes al no haberse podido realizar ningún acuerdo presupuestario en 2024. Se puede calcular que el ajuste rondará los 7.000 millones.

Con todos esos efectos colaterales, hay que decir que el presidente ya ha lidiado con una situación muy similar, dado que al llegar por primera vez a la Moncloa tuvo que aprobar los presupuestos presentados por Montoro y convivir con ellos casi año y medio.

En conclusión, se crea una situación en la que:

– Las inversiones públicas se retrasarán, este efecto será sin duda negativo para el crecimiento del PIB, aunque muy seguramente será un efecto muy pequeño
– También se demorarán las reformas tributarias prometidas por el gobierno, sobre todo en los nuevos tributos aprobados en 2023, pero también con otras reformas necesarias en el ámbito tributario
– Algunas normas quedarán sin dinero asignado por lo que se puede hablar de que no contarán con dinero para su puesta en marcha y… previsiblemente, cualquier norma prevista que precise de partida presupuestaria se puede retrasar

No es una buena noticia, tal vez no tenga un efecto muy importante en el PIB de 2024, pero habrá que estar atento a cómo evolucione la situación