Hace aproximadamente un año, el tablero internacional sufrió un vuelco que muchos temían pero que nos pilló un poco desprevenidos: el regreso de las políticas arancelarias agresivas impulsadas por Donald Trump desde el otro lado del Atlántico. Aquel movimiento no fue un evento aislado, sino que parece haber sido el catalizador de una tendencia que ya se gestaba en las sombras.
Recientemente hemos conocido la propuesta para la reforma de la defensa comercial, presentada en mayo de 2026 con el respaldo de potencias como España, Italia, Países Bajos, Francia y Lituania. El texto suena a final de la era del libre comercio.
Durante décadas, el mundo ha vivido bajo la promesa de la globalización. El libre comercio ha sido el motor que nos ha permitido acceder a una variedad de bienes y servicios sin precedentes en la historia humana. Producir donde es más eficiente no es solo un ejercicio contable; es, en la práctica, una subida de sueldo indirecta para los ciudadanos que pueden acceder a bienes y servicios que serían inalcanzables de otra manera. Cuando los productos básicos, la tecnología y los bienes de consumo se abaratan gracias a la especialización global, el poder adquisitivo de las familias aumenta.
Sin embargo, ese ideal se está resquebrajando. El sistema multilateral, basado en las reglas de la Organización Mundial del Consumo (OMC), está siendo socavado por unos actores que imponen barreras y otros que han generado sobrecapacidades industriales sistémicas a las que hay que dar salida.
Es aquí donde surgen los instintos proteccionistas. Ninguna sociedad puede permanecer impasible cuando ve cómo sus sectores industriales son desmantelados por una competencia. Sobre todo, cuando esta competencia no es más productiva, sino simplemente más subsidiada. Solo entre 2019 y 2025, la industria europea perdió un millón de empleos. El miedo a la desindustrialización no es una abstracción; es una realidad que alimenta la demanda de muros comerciales.
Es un miedo que, siendo del todo comprensible, podría no ser del todo racional pues al final, los subsidios, los acaba pagando, en la mayoría de los casos, el ciudadano del país que subsidia sus productos con cargo al presupuesto público.
Lo que sí se debería exigir con toda la energía disponible es la reciprocidad y la igualdad de condiciones. No se trata de prohibir por prohibir, sino de garantizar que todos jueguen con las mismas reglas.
Si Europa decide, por ejemplo, prohibir un componente químico por razones de salud o imponer métodos de fabricación estrictos por sostenibilidad, es un contrasentido económico y moral permitir la importación de productos que utilicen precisamente esos componentes o métodos prohibidos. La propuesta europea tiene que buscar que los instrumentos de defensa comercial sean más ágiles para evitar que productos dopados por subsidios o que ignoran nuestros estándares dejen desprotegidas a nuestras empresas.
Pero el núcleo más profundo de esta transformación, el que debería ocupar la reflexión central de las capitales europeas, es la seguridad económica y la independencia estratégica. La dependencia externa es una vulnerabilidad que puede ser utilizada como arma.
La independencia regional no es un capricho nacionalista, sino una necesidad de supervivencia. Es imprescindible integrar la «seguridad económica» como un factor decisivo al evaluar el interés de la Unión. Esto implica que, ante un conflicto potencial con un país proveedor, Europa no puede permitirse haber perdido el acceso a tecnologías críticas o artículos vitales para su funcionamiento diario. No se trata solo de proteger empleos, sino de preservar la capacidad de decisión propia.
En ese sentido estamos viendo cómo se empiezan a dar pasos, tímidos aún, encaminados a reemplazar tecnologías foráneas por propias. O por tecnologías que, al menos, no dependan de la decisión de terceros países en ámbitos con el de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
En definitiva, podemos concluir a modo de resumen, que no se pueden obviar las bondades y los avances a los que ha contribuido el libre comercio internacional a la hora de elevar el nivel de vida de los europeos.
Que el libre comercio ha de contemplar una suerte de reglas similares para todos y que es importante para el futuro de la Unión asegurar que la dependencia del exterior se limite a funciones no estratégicas.










