Antes de cualquier consideración política, quiero expresar mi profunda solidaridad con las familias de las víctimas de Urda, con los heridos y con todas las personas afectadas por esta tragedia. Nada puede aliviar ahora el dolor de quienes han perdido a un ser querido. España entera debe acompañarlos con respeto, asistencia y silencio.

«Inexplicable». Esa fue ayer la palabra utilizada por el ministro de Transportes, Óscar Puente, para describir las decisiones adoptadas en el centro de control de Atocha antes del accidente de Urda.

Desconozco si la palabra es o no adecuada. Pero, desde luego, no basta cuando sale de los labios de un servidor público que es máximo responsable de la gestión de transportes de nuestro país.

El pasado 18 de enero, en Adamuz, un tren Iryo descarriló e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia en sentido contrario. Ambos trenes colisionaron y murieron 46 personas. Un fallo de comunicación y una confusión inicial dificultaron la identificación correcta del segundo tren y retrasaron la respuesta a una parte de los afectados.

Este miércoles, nueve meses después, un AVE de Renfe avanzó a velocidad normal por una vía en la que permanecía detenido un tren de Iryo. El sistema de seguridad LZB había dejado de funcionar. El control del tráfico pasó al centro de Atocha y, según la explicación ofrecida por el propio ministro, se autorizó al AVE a reanudar la marcha con normalidad. La maquinista del Iryo comunicó que seguía detenida. Minutos después, ambos trenes chocaron. El balance provisional asciende ya a 69 fallecidos.

Inexplicable es que un sistema crítico de seguridad pueda caer y que, en esas circunstancias, un tren de alta velocidad reciba autorización para circular a velocidad normal.

Inexplicable es que el ministro responsable de la red describa como «inexplicables» las decisiones de un centro que depende del sistema ferroviario que su Gobierno dirige, supervisa y regula.

Inexplicable es que Óscar Puente siga en el Gobierno después de Adamuz. Inexplicable es que siga en el Gobierno después de haberse prestado a un sketch televisivo sobre las averías de Renfe que las víctimas interpretaron como una burla, cuando las heridas de aquella tragedia todavía estaban abiertas.

Un ministro de Transportes no está obligado a ser solemne cada minuto, pero sí está obligado a comprender la responsabilidad que representa.

Inexplicable es que el Gobierno movilice miles de millones de euros para proyectos ferroviarios en el extranjero mientras los ciudadanos siguen sin recibir explicaciones claras sobre el mantenimiento, la renovación y la seguridad de nuestra propia red.

Pero ahondemos un poco más en el asunto del mantenimiento. Sabrán, y si no lo saben, se lo explico en estas líneas, que a través del FIEM, España ha concedido financiación ferroviaria exterior por más de 1.500 millones de euros en Marruecos, Egipto y Uzbekistán. Marruecos concentra aproximadamente 944 millones, entre el tranvía de Casablanca y el crédito para 40 trenes CAF. Egipto acumula alrededor de 700 millones para el metro de El Cairo y trenes Talgo. Uzbekistán recibió unos 57 millones para trenes de alta velocidad.

¿Saben ustedes que es lo más inexplicable de todo? Que Pedro Sánchez no exija responsabilidades políticas a Puente. Y más inexplicable aún es que no lo haga para evitar asumir las suyas propias.

Es cierto que se trata, en su mayoría, de créditos reembolsables y no de subvenciones a fondo perdido. Pero siguen siendo decisiones de financiación pública, con riesgo para el Estado y con un coste de oportunidad evidente. La prioridad de cualquier Gobierno debe ser garantizar que los trenes que circulan en España lo hagan con sistemas de seguridad adecuados, protocolos claros y una red mantenida hasta el último kilómetro. Hablando en plata: no estamos en disposición de dar si no somos capaces de mantener en condiciones lo que tenemos en casa.

El problema es también la credibilidad. Los afectados por la DANA de Valencia y por la erupción volcánica de La Palma ya han escuchado anuncios solemnes y compromisos de reconstrucción formulados por Pedro Sánchez. Para demasiadas familias, esas promesas se han traducido en retrasos, trámites interminables, ayudas incompletas y compromisos todavía pendientes. Cinco años después de la erupción de La Palma y dos años después de la DANA de Valencia, la reconstrucción y la reparación siguen sin estar plenamente cerradas.

Por eso las nuevas promesas del presidente del Gobierno para los afectados de Urda no pueden quedarse en palabras vacías. Las familias no necesitan discursos ni planes genéricos. Necesitan asistencia inmediata, indemnizaciones suficientes, transparencia y plazos verificables. Un Gobierno se juzga por lo que cumple, no por lo que anuncia.

No es suficiente responder que también se invierte en ferrocarril. Precisamente por eso la exigencia es mayor: el Gobierno debe explicar dónde se ha gastado ese dinero, qué sistemas se han actualizado, qué advertencias se han atendido y por qué dos accidentes de esta magnitud han ocurrido en menos de un año.

¿Saben ustedes que es lo más inexplicable de todo? Que Pedro Sánchez no exija responsabilidades políticas a Puente. Y más inexplicable aún es que no lo haga para evitar asumir las suyas propias. El presidente del Gobierno es responsable de nombrar a sus ministros, fijar prioridades, supervisar la Administración y responder ante los ciudadanos. No puede comportarse como si las tragedias ferroviarias fueran asuntos ajenos al Ejecutivo.

La responsabilidad penal o civil deberá determinarla la Justicia. Nadie debe, ni yo pretendo hacerlo con estas palabras, dictar una sentencia desde una tribuna de opinión. Pero la responsabilidad política existe antes de que terminen los procedimientos judiciales. Si las investigaciones acreditan fallos de mantenimiento, errores de supervisión, incumplimientos de protocolos o decisiones negligentes, todos los responsables deberán responder, sean funcionarios, directivos, empresas o cargos políticos.

Y no me olvido de los colaboradores necesarios. Y es que inexplicable es, para remate del tomate, que los socios del Gobierno hayan permitido que se llegue hasta aquí sin exigir explicaciones ni consecuencias.

Urda no necesita otra declaración solemne. Necesita verdad, transparencia, reparación y responsabilidades. Las familias merecen respeto. Los heridos merecen atención. Los ciudadanos merecen seguridad.

La palabra «inexplicable» no puede ser el punto final de esta tragedia. Debe ser el comienzo de todas las preguntas que el Gobierno todavía no ha contestado.