Bruselas amplía el expediente a España por sus poderes sobre fusiones bancarias

La Comisión Europea ha dado un nuevo paso en el procedimiento de infracción abierto contra España por los poderes discrecionales que varias normas nacionales conceden al Gobierno para intervenir en operaciones corporativas del sector bancario, como la OPA de BBVA sobre Sabadell.

El Ejecutivo comunitario ha enviado una segunda carta de emplazamiento que amplía el alcance del expediente iniciado en julio del pasado año. Entonces, Bruselas ya planteó dudas sobre la transposición de dos leyes europeas y sobre si la intervención del Gobierno en este tipo de operaciones responde realmente a un motivo de interés general.

Retraso en las nuevas reglas de capital

La Comisión constata ahora que España tampoco ha cumplido con su obligación de incorporar a la legislación nacional la nueva directiva sobre requisitos de capital. Los Estados miembros debían transponer esta norma, como muy tarde, el pasado 10 de enero.

Con este nuevo elemento, Bruselas amplía las infracciones examinadas, aunque mantiene el procedimiento en su primera fase formal. La carta de emplazamiento abre un periodo de diálogo entre las autoridades españolas y los servicios comunitarios para tratar de resolver la situación antes de que el expediente avance a fases posteriores.

El procedimiento puede acabar ante el TJUE

Los expedientes sancionadores europeos contemplan tres fases. La primera es el envío de la carta de emplazamiento, en la que se encuentra actualmente el caso. La segunda sería la remisión de un dictamen motivado, que concede más tiempo para la negociación con el Estado miembro afectado.

Si el incumplimiento persiste, la tercera y última fase consistiría en elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que dicte sentencia.

La Comisión cuestiona la compatibilidad de las normas españolas

En concreto, Bruselas considera que las medidas españolas son incompatibles con el nuevo marco fijado por la directiva sobre requisitos de capital. Esta norma regula adquisiciones, fusiones, escisiones y otros cambios estructurales que afectan a las entidades de crédito.

Para la Comisión, esta incompatibilidad refuerza las preocupaciones que ya había expresado en la carta de emplazamiento enviada en 2025.

La unión bancaria, en el centro del debate

Bruselas defiende que las consolidaciones en el sector bancario pueden beneficiar al conjunto de la economía europea y resultan esenciales para completar la unión bancaria. La Comisión sostiene que este tipo de operaciones contribuye a una asignación más eficiente del capital en la Unión Europea.

«Las consolidaciones en el sector bancario benefician a la economía de la UE en su conjunto y son esenciales para la consecución de la unión bancaria. Estas fusiones también garantizan que el capital se asigne de manera eficiente en toda la UE y que la ciudadanía y las empresas tengan acceso a los productos financieros a precios competitivos, un objetivo clave de la Unión de Ahorros e Inversiones», ha defendido la Comisión en su comunicado.