El Parlamento Europeo da el primer paso para aplicar el pacto arancelario con EEUU
La comisión de Comercio Internacional avala las normas que permitirán implementar el acuerdo con Washington, con salvaguardas para suspenderlo si Estados Unidos incumple sus compromisos.
Actualidad | 02/06/2026
El Parlamento Europeo ha dado este martes el primer paso para aplicar con condiciones el pacto comercial negociado entre Washington y Bruselas.
En la práctica, el acuerdo implica que la Unión Europea renuncia a adoptar represalias comerciales por el arancel generalizado del 15% que Estados Unidos aplica a la mayoría de productos europeos, siempre que ese gravamen no supere dicho techo y asumiendo que la medida no se extiende al acero ni al aluminio.
La comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara ha respaldado con 31 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones las dos legislaciones necesarias para que la UE pueda cumplir lo pactado en el Acuerdo de Turnberry, alcanzado hace casi un año entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense, Donald Trump.
El acuerdo expirará a finales de 2029
Las nuevas normas todavía necesitan el visto bueno formal del pleno del Parlamento Europeo y del Consejo, donde están representados los gobiernos de los Estados miembro.
El marco acordado tendrá una duración limitada y expirará automáticamente a finales de 2029, salvo que la Unión Europea decida prorrogarlo tras una revisión completa de la situación.
Además, la Comisión Europea deberá elaborar informes trimestrales sobre su aplicación y se incorporarán mecanismos de supervisión parlamentaria para evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos.
Acceso preferencial para productos estadounidenses
Los reglamentos acordados contemplan la supresión de los aranceles sobre productos industriales estadounidenses y otorgan acceso preferencial al mercado europeo para determinadas producciones.
Este acceso incluirá contingentes y aranceles reducidos para algunos productos agrícolas y mariscos procedentes de Estados Unidos.
Entre las medidas figura también una prórroga de cinco años, hasta 2030, para las importaciones libres de gravamen de langosta.
Salvaguardas si hay daño a las empresas europeas
El pacto incorpora varias cláusulas de protección que permitirán pausar o suspender total o parcialmente el acuerdo si se detectan distorsiones graves del mercado o si las empresas europeas resultan perjudicadas de forma severa.
Bastará una solicitud debidamente justificada de tres o más Estados miembro, de la industria europea, de sindicatos o de la propia Comisión Europea para iniciar una evaluación formal sobre el impacto del aumento de importaciones.
Si el análisis concluye que existe un daño grave o una amenaza clara para los productores europeos, Bruselas podrá suspender total o parcialmente la aplicación del acuerdo.
Las salvaguardas también podrán activarse si Estados Unidos incumple los compromisos recogidos en la declaración conjunta, si socava sus objetivos o si perturba las relaciones comerciales y de inversión con la UE mediante medidas discriminatorias o ataques a operadores económicos europeos.
Aviso a Washington por el acero y el aluminio
Las condiciones pactadas incluyen también una advertencia específica a la Casa Blanca sobre los aranceles al acero y al aluminio europeos.
Si Estados Unidos no reduce antes del 31 de diciembre de 2026 el gravamen del 50% aplicado a estos productos hasta el techo del 15% acordado para el resto de producciones, la Unión Europea estará facultada para suspender las concesiones concedidas a productos estadounidenses de acero y aluminio.
El acuerdo también contempla la posibilidad de pausar su aplicación si Washington impone nuevos aranceles adicionales o lanza nuevas amenazas económicas contra países de la UE.
Compromisos fuera del ámbito comercial
El pacto cerrado por Von der Leyen y Trump incluye además compromisos que van más allá de la política comercial, como compras de energía estadounidense por valor de 750.000 millones de dólares e inversiones europeas en Estados Unidos por otros 600.000 millones.
Estas disposiciones no figuran en las propuestas legislativas que negocian los colegisladores europeos, ya que trascienden las competencias directas de la Comisión Europea y recaen sobre los Estados miembro.
