Bruselas da dos meses a España para adaptar las normas europeas sobre créditos al consumo

La Comisión ha enviado un dictamen motivado a España y otros 15 Estados miembro por no haber comunicado todavía la transposición completa de la normativa europea sobre créditos al consumo.

El plazo establecido para incorporar la directiva a las legislaciones nacionales finalizó el 20 de noviembre de 2025. Las nuevas disposiciones deben aplicarse a partir del 20 de noviembre de 2026.

La norma busca reforzar la protección de los consumidores en el mercado del crédito y aumentar la transparencia y la equidad de estas operaciones en el conjunto de la Unión Europea.

El Ejecutivo comunitario inició en enero procedimientos de infracción contra 23 Estados miembro por no haber comunicado las medidas necesarias para transponer completamente la directiva.

Desde entonces, varios países han avanzado en el proceso, pero España y otros 15 Estados siguen sin haber comunicado a Bruselas su incorporación completa.

Junto a España se encuentran Bulgaria, República Checa, Estonia, Irlanda, Francia, Croacia, Chipre, Letonia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia.

Dos meses para adoptar las medidas necesarias

La Comisión Europea ha decidido pasar a la siguiente fase del procedimiento mediante el envío de un dictamen motivado.

Los 16 países disponen ahora de dos meses para responder y adoptar las medidas necesarias para completar la transposición.

En caso de que las deficiencias no sean subsanadas dentro de ese periodo, Bruselas podrá remitir los casos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar la imposición de sanciones económicas.

España ya aprobó el anteproyecto de ley

El Gobierno español aprobó el 7 de enero, en primera vuelta, el anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo, destinado a transponer las directivas europeas y reforzar la protección financiera de los consumidores.

Entre sus principales medidas figura la limitación de los costes asociados a los créditos al consumo, incluidos los créditos rápidos y las tarjetas ‘revolving’, además de nuevas obligaciones de transparencia y mecanismos destinados a prevenir el sobreendeudamiento de los hogares.

El texto contempla también una mayor supervisión de los prestamistas y nuevas exigencias para evaluar la solvencia de los consumidores.

El anteproyecto, sin embargo, todavía debe completar su tramitación antes de convertirse en una norma definitiva.Br