Con la reciente adquisición del 20% del capital social de Naturgy que estaba en manos del fondo de inversión GIP, Black Rock se convierte en el segundo mayor accionista de la empresa energética española.

Con esta compra, Black Rock se convierte, después de Criteria, en el segundo mayor inversor en compañías cotizadas en el Ibex-35, ya que ostenta participaciones significativas en veinte empresas, todas ellas desarrollando sus actividades en sectores estratégicos de la economía española, fundamentalmente en empresas energéticas, financieras y de comunicación. Destaca su participación en Repsol, Iberdrola, Enagás, Redeia, BBVA, Banco Santander, Caixa Bank, Telefónica y Cellnex. Debido al poder y la influencia que estas inversiones en sectores estratégicos otorgan a Black Rock, existe una gran preocupación en el Gobierno y en las autoridades económicas españolas.

Para poder hacer una evaluación de las implicaciones que esta adquisición puede tener sobre la evolución futura de Naturgy, deberían conocerse en detalle cuáles son intenciones y los objetivos que pretende alcanzar con esta inversión. Sus objetivos consisten en maximizar la rentabilidad a corto plazo, o apuestan por una estrategia de crecimiento a medio y largo plazo.

Si Black-Rock se plantea esta compra como una inversión especulativa, buscando maximizar la rentabilidad a corto plazo, ello puede suponer un lastre para el crecimiento futuro de la empresa, dificultar la realización de inversiones estratégicas y condicionar sus políticas futuras y su estrategia financiera.

Teniendo en cuenta que las actividades que desarrollan estas empresas tienen un carácter estratégico y de fuerte repercusión social, en la medida que exista una divergencia entre los objetivos del fondo y las necesidades de la economía española, ello puede tener unos efectos no muy recomendables, tanto sobre las propias empresas como en el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, sobre la política de precios, sobre el mantenimiento, ampliación o reducción de las inversiones futuras, sobre la política de autofinanciación, etc.

Asimismo, y teniendo en cuenta que los productos y servicios ofrecidos por estas empresas tienen un amplio impacto y afectan al conjunto de la población española, podría existir un conflicto entre las políticas implementadas por estas empresas y los objetivos fijados en la política económica del Gobierno.

Con respecto a las inversiones de Black Rock en España, y aunque no mantenga miembros en los Consejos de Administración, hay que destacar que sus opiniones pueden tener una fuerte influencia en los mercados financieros, y el hecho de ser accionista de empresas que compiten en el mismo mercado, como las energéticas y las bancarias puede suponer una limitación a la libre competencia.

Ante esta situación, las medidas que pueden implementar las autoridades económicas españolas, como el Ministerio de Economía, la CMNC y la CNMV, son muy limitadas, ya que debe buscar el equilibrio entre la protección de los derechos de los consumidores y de los pequeños inversores, no limitar la libre competencia y no poner trabas a la inversión extranjera.

El principal objetivo de la CNMC es velar para que no se produzcan situaciones de monopolio o de cuasi-monopolio, y que una sola empresa o grupo empresarial tenga una posición mayoritaria y de control en un mercado. Aunque Black-Rock ya es accionista de Iberdrola y Repsol, no está claro que la CNMC pueda intervenir en esta adquisición, puesto que el comprador no participa directamente en el capital social y no es una empresa industrial, es un fondo de inversión que de forma mayoritaria participa en el capital de las empresas a través de otros fondos de inversión.