El Gobierno alerta de que un despliegue masivo de centros de datos elevaría el precio de la luz y las emisiones

Así figura en la memoria de análisis de impacto normativo del proyecto de real decreto que regulará los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a estas infraestructuras.

El Ejecutivo estima que la incorporación de 10 gigavatios (GW) de potencia instalada de centros de datos en 2030, frente a un escenario de 1 GW, provocaría un incremento del 107 % en el funcionamiento de los ciclos combinados, elevaría un 200 % el coste variable total de generación y aumentaría un 65 % las emisiones de CO2.

El proyecto regulatorio busca ordenar el fuerte crecimiento de este tipo de instalaciones, para las que ya se han concedido alrededor de 12 GW de capacidad de acceso entre las redes de transporte y distribución.

Más gas en las horas con menos renovables

La memoria, elaborada por los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Economía, Comercio y Empresa y Transformación Digital y Función Pública, apunta al perfil de consumo de los centros de datos como uno de los principales desafíos para el sistema.

Su elevada demanda constante de electricidad obligaría, en ausencia de medidas específicas, a recurrir en mayor medida a los ciclos combinados durante las horas con menor disponibilidad de generación renovable.

Este mayor funcionamiento de las centrales de gas elevaría las emisiones y trasladaría al precio eléctrico tanto el coste del combustible como el de los derechos de emisión.

El Ejecutivo considera que un despliegue sin regulación específica podría repercutir negativamente sobre el conjunto de consumidores y dificultar el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.

El 80 % del consumo deberá estar respaldado por renovables

Para reducir este impacto, el proyecto establece requisitos de adicionalidad y correlación horaria en el consumo eléctrico de los nuevos centros de datos.

La propuesta contempla que al menos el 80 % de su consumo esté cubierto por nueva generación renovable, mediante autoconsumo o contratos de compraventa de electricidad a largo plazo (PPA). El marco sometido a tramitación establece asimismo que este abastecimiento renovable deberá acreditarse hora a hora.

Según la memoria remitida al Consejo de Estado, los PPA deberán tener una duración mínima de seis años y vincularse a instalaciones renovables con una antigüedad máxima de 36 meses.

Además, al menos el 80 % de la electricidad consumida en cada hora deberá estar respaldada por generación renovable producida en esa misma franja, pudiendo utilizarse sistemas de almacenamiento.

El objetivo es evitar que la demanda de los centros de datos absorba generación renovable que ya abastece a hogares, comercios o industrias y que su consumo incremente la presión sobre el sistema eléctrico.

Recargos de hasta el 500 % y posible pérdida de permisos

El proyecto incorpora un sistema de penalizaciones para los centros de datos que incumplan los requisitos establecidos.

Los recargos sobre los peajes de acceso y los cargos del sistema oscilarán entre el 10 % y el 500 % en función del grado y la reiteración del incumplimiento.

Los ingresos procedentes de estas penalizaciones se destinarán al sistema eléctrico con el objetivo de compensar a los consumidores por los posibles sobrecostes.

En los casos de incumplimiento significativo y reiterado, la normativa contempla incluso la pérdida de los permisos de acceso y conexión a la red. El proyecto oficial ya prevé que el incumplimiento de los requisitos pueda desembocar en penalizaciones crecientes y, en última instancia, en la pérdida de dichos derechos.

Los promotores que ya dispongan de permisos concedidos o en tramitación dispondrán además de una ventana de seis meses para renunciar voluntariamente a ellos sin perder las garantías económicas depositadas.

El texto contempla también alternativas transitorias, entre ellas una incorporación gradual mediante el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP) durante cinco años y un régimen específico para determinados proyectos estratégicos europeos relacionados con la soberanía digital.

Exigencias también sobre el consumo de agua

La regulación no se limitará al consumo eléctrico. Los centros de datos deberán cumplir igualmente requisitos de eficiencia energética e hídrica vinculados a la futura clasificación europea.

Los nuevos proyectos tendrán que alcanzar los niveles asociados a la categoría más exigente, la clase A, tanto en eficiencia energética como en el uso de agua. El borrador oficial establece precisamente estos estándares y fija valores transitorios mientras entra en funcionamiento el sistema europeo de etiquetado.

Más de 12 GW de permisos frente a una previsión de hasta 4 GW

El Gobierno alerta también del fuerte desfase entre las solicitudes de acceso a la red y las previsiones de crecimiento real del sector.

En los últimos seis años se han concedido más de 12 GW de potencia entre el gestor de la red de transporte y las distribuidoras, una cifra que triplica las previsiones más ambiciosas de demanda eléctrica para centros de datos recogidas en la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024, situadas entre 3,5 y 4 GW para finales de la década. El propio Ministerio confirma que se han concedido más de 6 GW en transporte y alrededor de otros 6 GW en distribución.

El proyecto ha generado, sin embargo, rechazo entre los operadores. La asociación Spain DC reclama que la regulación sea proporcionada, técnicamente viable y coherente con el marco europeo, para evitar que las nuevas obligaciones resten competitividad a España frente a otros países comunitarios.