El Gobierno cifra en más de 1.600 millones el coste de los nuevos decretos de vivienda

El segundo decreto, que introduce la renovación de los contratos de alquiler y obliga a los propietarios a indemnizar a los inquilinos en determinados supuestos de no renovación, no afecta a tributos ni contempla la creación de nuevos órganos o dotaciones presupuestarias específicas.

Según la memoria económica, la emisión de informes de vulnerabilidad por parte de los servicios sociales autonómicos o municipales constituye una función «ya existente en la regulación vigente», por lo que «no se amplía».

El eventual coste que pudiera derivarse de la condición de arrendadoras de las administraciones públicas «no es cuantificable», según recoge también la memoria.

154 millones por las viviendas vacías

El impacto fiscal se concentra en el otro decreto, que introduce modificaciones en el IRPF y el IVA relacionadas con el mercado de la vivienda.

La prórroga del tipo del 1,1 % en el IRPF por viviendas vacías afectará a unos 2,36 millones de declaraciones de la renta y supondrá una merma de recaudación estimada en 154 millones de euros.

El decreto contempla asimismo recargos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas vacías.

Hacienda no cuantifica en este caso el impacto, ya que el IBI es un tributo gestionado por las entidades locales y la aplicación del recargo dependerá además de que el inmueble esté situado en una zona tensionada declarada oficialmente.

Bonificaciones para los propietarios que reduzcan el alquiler

La norma establece reducciones en el IRPF para los propietarios que alquilen sus viviendas a precios reducidos.

Las bonificaciones podrán alcanzar hasta el 100 % cuando, al formalizar un nuevo contrato, el precio del alquiler se reduzca un 5 %.

El Ejecutivo no concreta el coste de esta medida al considerar que dependerá de cómo se distribuyan finalmente los contratos entre los distintos supuestos previstos, por lo que su impacto recaudatorio se producirá de manera gradual.

Por otro lado, la deducción del 60 % en el IRPF vinculada a la rehabilitación energética o a contratos firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2023 tendrá un coste estimado de 370 millones de euros.

835 millones por las deducciones a los inquilinos

Una de las partidas de mayor impacto será la nueva deducción del 10 % en el IRPF para los inquilinos de vivienda habitual cuya base imponible sea inferior a 33.007,20 euros.

El Gobierno calcula que alrededor de 945.000 personas podrán beneficiarse de esta medida, con un coste estimado para las arcas públicas de 835 millones de euros.

La exención en el IRPF de las ayudas destinadas a la rehabilitación dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 beneficiará a 11.915 contribuyentes y tendrá un coste de 6,8 millones.

Asimismo, la exención de la ganancia patrimonial por la transmisión de viviendas desocupadas a entidades públicas tendrá un impacto estimado de 93,9 millones de euros.

La cifra podrá variar en función del número final de operaciones acogidas a la medida, el valor de las viviendas transmitidas y las entidades públicas que determine el Ministerio de Vivienda.

Las medidas relacionadas con el rendimiento por parentesco y la imputación de renta tendrán un coste calculado de unos 380 millones de euros.

Los pisos turísticos aportarán 170 millones más de IVA al año

El decreto modifica también el IVA para gravar con un tipo del 10 % a los pisos turísticos.

La medida permitirá incrementar la recaudación pública en unos 170 millones de euros anuales.

Para diciembre, mes en el que entraría en vigor si el texto es finalmente convalidado, la recaudación adicional prevista asciende a unos 14 millones.

En sentido contrario, el tipo reducido establecido para las obras de renovación y reparación en viviendas destinadas al alquiler supondrá un coste de 103,5 millones de euros en un año completo.

La reducción del IVA al 4 % para las viviendas protegidas tendrá, por su parte, un impacto estimado de 121,2 millones.

Más gravamen para las Socimi

La norma eleva además del 15 % al 25 % el gravamen sobre los beneficios de las Socimi.

El Gobierno calcula que este incremento permitirá recaudar 1,2 millones de euros adicionales, aunque las deducciones fiscales a las que pueden acogerse estas sociedades alcanzarán unos 3 millones.

Por último, la memoria presupuestaria señala que las aportaciones de inmuebles del Patrimonio del Estado y de otras entidades del sector público a CASA 47 tendrán principalmente un efecto patrimonial.

Estas operaciones podrían generar también consecuencias presupuestarias, aunque el documento no cuantifica su importe.