El Tribunal de Cuentas Europeo alerta de deficiencias en el control del próximo presupuesto de la UE

En un nuevo análisis sobre el próximo marco financiero plurianual, los auditores concluyen que la Comisión Europea solo ha atendido plenamente una de las 28 mejoras que habían planteado previamente para reforzar la gestión y transparencia presupuestarias. Otras 19 se habrían abordado parcialmente y ocho continuarían sin respuesta.

Dudas sobre el nuevo modelo de desembolsos

Una de las principales advertencias afecta al sistema que permitirá liberar fondos en función del cumplimiento de objetivos y etapas, sin vincular necesariamente los pagos a los gastos efectivamente realizados.

Este modelo, inspirado en el empleado para los fondos europeos de recuperación tras la pandemia, se extendería a buena parte de los programas comunitarios durante el próximo periodo presupuestario.

El Tribunal cuestiona que el sistema continúe poniendo el foco en verificar el cumplimiento de determinados hitos en lugar de medir con mayor precisión los resultados obtenidos mediante las inversiones.

Además, advierte de que los pagos podrían autorizarse a partir de las declaraciones presentadas por los propios Estados miembro sin una verificación previa obligatoria, mientras que los criterios de evaluación y las responsabilidades en materia de control no están suficientemente definidos.

Los auditores también alertan de que las reducciones definitivas de financiación derivadas de irregularidades podrían aplazarse hasta febrero de 2036, lo que, en su opinión, reduciría el «efecto disuasorio» de estas medidas.

La propuesta tampoco garantizaría la «plena trazabilidad» de los recursos europeos hasta los destinatarios que finalmente ejecutan los proyectos. El Tribunal reclama por ello reforzar la supervisión y concretar los supuestos en los que deben recuperarse fondos utilizados de manera indebida.

Riesgos para la participación de las regiones

Otro de los puntos analizados es la reorganización de los fondos agrícolas y de cohesión, que la Comisión propone agrupar en un único fondo de 865.000 millones de euros gestionado a través de planes nacionales y regionales elaborados por cada Estado miembro.

El Tribunal considera que concentrar la planificación de estos recursos en un único documento por país podría reducir la capacidad de decisión de las regiones sobre el reparto de los fondos.

Los auditores también señalan que todavía falta claridad sobre cómo se evaluarán las reformas planteadas por los Estados y cuáles serán los criterios utilizados para asignar financiación.

La propuesta contempla una simplificación de la estructura del presupuesto, que pasaría de siete grandes partidas a cuatro y reduciría el número de programas de 52 a 16.

El Tribunal reconoce este avance, aunque advierte de que una reducción del número de programas no implica necesariamente una menor carga administrativa para los beneficiarios.

También reclama una definición legal del concepto de «valor añadido europeo», ante el riesgo de que su ausencia genere diferentes interpretaciones sobre los beneficios de las inversiones y dificulte la comparación de sus resultados.

Más complejidad en la financiación del presupuesto

En el apartado de ingresos, los auditores muestran también sus reservas ante la propuesta de incorporar cinco nuevas fuentes de financiación, que elevarían a nueve el número total de recursos.

A juicio del Tribunal, este incremento podría aumentar la complejidad y los costes administrativos tanto para los Estados miembro como para la propia Comisión Europea.

Como alternativa, plantea mejorar la recaudación de las fuentes ya existentes, especialmente mediante una reducción de las pérdidas de ingresos relacionadas con el IVA y los derechos de aduana.

El análisis reconoce asimismo que la propuesta introduce mecanismos más estrictos para proteger el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, aunque alerta de que algunas disposiciones podrían reducir la eficacia de las sanciones previstas en caso de incumplimiento.

En conjunto, el Tribunal considera que los principales avances se han producido en la flexibilidad para adaptar el presupuesto a nuevas necesidades, mientras que siguen existiendo debilidades en la evaluación de resultados y en el control del gasto.

«Necesitamos un presupuesto que muestre claramente lo que la UE puede aportar, que garantice una gestión adecuada de los fondos, y que refuerce la rendición de cuentas y la transparencia», ha señalado Jan Gregor, miembro del Tribunal responsable del análisis.