La Junta Fiscal Europea cuestiona que España recurriera a la cláusula de defensa para flexibilizar el gasto
El organismo considera que la activación de la cláusula nacional de escape resultó determinante para evitar que España fuera examinada por Bruselas ante sus desviaciones de gasto, pese a que el incremento del gasto militar entre 2024 y 2025 fue limitado.
Actualidad | Empresa | Última hora | 22/09/2026
La Junta Fiscal Europea (JFE) ha cuestionado la decisión de España de recurrir a la cláusula nacional de escape para elevar el gasto en defensa.
Esta flexibilidad permitió que el país evitara que la Comisión Europea examinara la posible apertura de un procedimiento por déficit excesivo, aunque el organismo señala que la mayor parte de la desviación de la senda de gasto española procedía de partidas distintas de la defensa.
«La solicitud de la cláusula nacional de escape para defensa fue determinante para evitar la inclusión de España en el informe de la Comisión (…) y un posible procedimiento por déficit excesivo basado en la deuda», señala la Junta.
El organismo destaca además que el incremento previsto del gasto militar entre 2024 y 2025 fue «mínimo».
España se desvió de su senda de gasto en 2025
El Gobierno solicitó esta flexibilidad el pasado 13 de abril.
España había cerrado 2025 con una desviación anual del gasto neto equivalente al 0,4 % del PIB respecto a la senda acordada con Bruselas, por encima del margen del 0,3 % establecido por las reglas fiscales europeas.
Para 2026, la diferencia se estima en el 0,6 % del PIB.
La JFE sostiene que estas cifras habrían llevado «normalmente» a la Comisión Europea a examinar la situación española, especialmente por encontrarse la deuda pública «significativamente por encima» del umbral europeo.
La activación de la cláusula evitó finalmente ese paso.
El gasto en defensa apenas aumentó un 0,1 % del PIB
La Junta Fiscal Europea subraya que el incremento previsto del gasto militar entre 2024 y 2025 fue de apenas un 0,1 % del PIB.
Por este motivo, el organismo concluye que la desviación registrada durante el pasado ejercicio «se debe principalmente a gastos distintos de defensa».
La JFE recuerda además que el gasto militar había disminuido un 0,2 % del PIB en 2023 respecto al ejercicio anterior.
La Junta cuestiona el momento elegido por el Gobierno
El organismo también pone el foco en el calendario seguido por España para solicitar la cláusula.
La petición llegó apenas dos semanas antes de la presentación del informe anual de progreso.
Según la Junta Fiscal Europea, este calendario «llama la atención», ya que la gran mayoría de los Estados miembros interesados había presentado su solicitud un año antes, después de la invitación realizada por Bruselas en marzo de 2025.
La JFE aprecia una «expansión fiscal procíclica»
El informe relaciona además la evolución del gasto con un crecimiento de la economía española superior al previsto.
Según el organismo, España fue la única de las grandes economías de la eurozona en la que un crecimiento del PIB nominal mayor de lo esperado coincidió con un aumento del gasto neto por encima de la senda recomendada tanto en 2025 como en 2026.
Por ello, la JFE considera que la ejecución del plan fiscal español apunta a una «expansión fiscal procíclica».
El organismo recuerda que uno de los objetivos de las nuevas reglas fiscales europeas es precisamente mantener las trayectorias de gasto acordadas independientemente de que el crecimiento económico resulte mejor o peor de lo previsto inicialmente.
Críticas al alcance de la cláusula de escape
Las observaciones de la Junta no se limitan al caso español.
El organismo señala que la activación de esta flexibilidad también resultó «decisiva» para evitar consecuencias procedimentales en Alemania y Eslovenia.
A juicio de la JFE, permitir déficits superiores al valor de referencia o un crecimiento mayor del gasto sin consecuencias puede hacer que el mecanismo funcione «de facto como una cláusula general de escape».
La Junta enmarca esta situación dentro de una tendencia que asegura observar desde finales de 2023, caracterizada por una creciente «discrecionalidad y tolerancia» por parte de la Comisión Europea y una mayor inclinación a no abrir procedimientos incluso cuando existe la posibilidad de hacerlo.
